Acuicultura argentina: una producción que ya apunta a superar las 15.000 toneladas
La acuicultura argentina atraviesa una transformación silenciosa, pero cada vez más expansiva. Lo que históricamente fue presentado como una actividad con gran potencial y escaso desarrollo, com...
La acuicultura argentina atraviesa una transformación silenciosa, pero cada vez más expansiva. Lo que históricamente fue presentado como una actividad con gran potencial y escaso desarrollo, comienza a consolidarse como un sistema productivo emergente, con capacidad de integrarse a las cadenas agroalimentarias, generar exportaciones, diversificar economías regionales y ampliar la matriz productiva y de alimentos del país. Pero este proceso también deja una conclusión clara: la competitividad acuícola no comienza aisladamente en el agua, en la tecnología o en la inversión privada. Empieza antes, en la iniciativa de las instituciones.
Durante mucho tiempo, la Argentina reunió atributos que suelen mencionarse como condiciones favorables para el desarrollo: ambientes acuáticos de calidad, especies de interés biológico y comercial, capacidades científicas, tradición y cultura en agropecuaria y pesquera, disponibilidad territorial y acceso potencial a mercados internacionales de alto valor. Sin embargo, el sector avanzaba - al menos hasta 2020- de manera fragmentada y con baja escala y coordinación. Como ocurre en muchos sistemas agroalimentarios complejos, el problema no era únicamente productivo ni tecnológico. Era principalmente un desafío de gobernanza y organización.
Desde una mirada de los agronegocios, la competitividad no depende exclusivamente de la dotación de recursos naturales. Requiere reglas estables, coordinación entre actores y capacidad de reducir incertidumbres. En otras palabras, exige alineamiento competitivo: la posibilidad de que provincias, organismos, empresas, ciencia, financiamiento y sociedad comiencen a operar dentro de un objetivo responsable y ordenado.
En ese sentido, la Ley Nacional 27.231 de Acuicultura Sustentable, sancionada en 2015, representó la primera política pública integral orientada al desarrollo del sector en Argentina. La norma no sólo reconoció formalmente a la acuicultura como una actividad productiva estratégica. También creó un régimen nacional de promoción y fomento, fortaleció los sistemas de registro, estadísticas y trazabilidad, impulsó la investigación aplicada, consolidó criterios sanitarios y ambientales y promovió mecanismos de coordinación entre Nación y provincias para acompañar inversiones de largo plazo. Más que una herramienta regulatoria, la ley comenzó a construir las condiciones institucionales necesarias para transformar una actividad dispersa en un sector productivo con capacidad real de crecimiento.
Más importante aún, la ley incorporó oportunamente una visión moderna del desarrollo. Reconoció que la competitividad no depende únicamente de producir más, sino de la capacidad diferenciada de articular ambiente, tecnología, financiamiento, mercados y legitimidad social. En otras palabras, que el crecimiento sostenible requiere instituciones capaces de coordinar intereses, reducir incertidumbres y generar confianza.
Allí aparece uno de los puntos centrales de la discusión actual. Una ley no debería limitarse a autorizar o regular actividades, debe incluir la traducción de las necesidades políticas, económicas y sociales. Cuando se logra orientar incentivos y coordinar actores, puede transformarse en una herramienta de desarrollo real. En los sistemas productivos modernos, las reglas funcionan como una infraestructura invisible, permitiendo proyectar inversiones, organizar capacidades, orientar la innovación y generar consensos a largo plazo.
El régimen promocional previsto por la Ley 27.231 venció en diciembre de 2025, luego de 10 años de vigencia. La norma fue concebida para una etapa fundacional, orientada a reducir barreras de entrada, estimular inversiones y generar capacidades en una actividad que prácticamente no contaba con antecedentes productivos significativos a escala nacional. Los resultados observados durante los últimos años sugieren que esa etapa inicial comenzó a cumplir buena parte de sus objetivos.
Los resultados de los últimos cinco años muestran parte de ese cambio. En 2024, la producción acuícola nacional superó las 12.200 toneladas, frente a las 1900 registradas en 2019. La trucha arcoíris (salmónidos) explicó en Patagonia norte cerca del 82% de la producción nacional, mientras el pacú se consolidó como principal especie nativa cultivada en el NEA. Por su parte, Buenos Aires y Chubut avanzan en el desarrollo productivo del pez limón, ampliando la diversificación de especies de alto valor. Tierra del Fuego refleja un ejemplo concreto de este proceso apoyado por la adecuación de su marco normativo, que permitió pasar de una etapa de restricciones a un escenario de desarrollo, generando condiciones para la llegada de nuevas inversiones. Actualmente, las proyecciones indican que la producción nacional podría superar las 15.000 toneladas hacia 2026, y estarían alcanzando entre 70.000 y 80.000 hacia 2030.
La acuicultura argentina empieza así a dejar atrás la lógica del potencial para transformarse progresivamente en un sistema productivo real. Pero ese proceso dependerá menos de la abundancia de agua o de especies disponibles que de la capacidad de construir reglas claras, coordinación federal, confianza y condiciones estables para innovar, invertir y producir.
Más que debatir la continuidad o no de un régimen, el desafío consistirá en discutir la evolución de la política acuícola argentina. Esto supone fortalecer la bioseguridad, impulsar la producción genética nacional, acelerar la innovación tecnológica y de inteligencia artificial, mejorar los sistemas de trazabilidad, armonizar marcos regulatorios entre jurisdicciones y consolidar una estrategia federal capaz de acompañar el crecimiento del sector durante las próximas décadas. Todo esto sin renunciar a una condición primaria: el cuidado del ambiente.
Porque, finalmente, los sistemas de desarrollo contemporáneos no comienzan únicamente en el potencial y la disponibilidad de recursos. Comienzan mucho antes: en las instituciones.
El autor es exdirector Nacional de Acuicultura, asesor del Consejo Federal de Inversiones y Consultor del Banco Mundial