El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta los escenarios más complejos desde el inicio de su gestión. En las últimas semanas se acumularon conflictos sectoriales a los que se fueron sumando bloqueos de carreteras, episodios de violencia y pedidos de renuncia que amenazan la estabilidad de su gobierno. Las movilizaciones encabezadas por organizaciones sindicales, agrupaciones indígenas, cooperativistas mineros y sectores sociales reclaman la dimisión del primer mandatario y cuestionan el deterioro económico del país.

Desde su llegada al poder, el nuevo mandatario impulsó cambios económicos y administrativos que incluyeron reformas fiscales, modificaciones ministeriales y un rediseño de la estructura estatal. Entre las medidas anunciadas figuraron una reducción del gasto público del 30%, eliminación de impuestos y el fin de la subvención estatal a los hidrocarburos. Algunas de esas decisiones generaron cuestionamientos de sectores sindicales, indígenas y organizaciones sociales históricamente vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El gobierno denunció la existencia de un “plan macabro” para derrocar al presidente Paz, que estaría financiado por el narcotráfico, y advirtió que quienes pretendan desestabilizar el orden democrático deberán enfrentar las consecuencias judiciales correspondientes. Fuentes del gobierno acusan a Evo Morales como promotor de los desmanes, con el objetivo de romper el orden constitucional. El clima de tensión política se agravó aún más luego de que la Justicia ordenara la captura del exmandatario por no presentarse en un juicio por presunta trata de personas y abuso de menores. Morales denunció que el proceso judicial constituye una persecución política y acusó al actual gobierno de impulsar políticas neoliberales y privatizadoras.

Desde hace dos semanas, la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines al expresidente han bloqueado rutas y accesos y ocupado el aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba, la zona donde el líder cocalero se mantiene prófugo de la Justicia que lo busca por las acusaciones que analiza el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de la ciudad sureña de Tarija.

Como consecuencia del estado de crisis profunda en que se encuentra Bolivia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó su preocupación y consideró lo que viene sucediendo en aquel país como acciones orientadas a desestabilizar el gobierno del presidente Paz.

Todas esas medidas han ocasionado una preocupante escasez de medicamentos, alimentos y combustible, principalmente en La Paz y en El Alto. A solicitud de las autoridades bolivianas el gobierno del presidente Javier Milei anunció que enviará un avión Hércules C- 130 de la Fuerza Aérea para transporte de alimentos y otros suministros.

El presidente Paz deberá reconstruir la confianza institucional mediante un diálogo sin exclusiones con reglas claras y plazos verificables; restablecer el orden republicano, garantizar la estabilidad económica atacando la inflación, la escasez de combustible y de dólares y el déficit fiscal.

No menos importante será promover una reforma del sistema judicial y electoral que asegure transparencia y rendición de cuentas, acabar con la impunidad y enfrentar decididamente el narcotráfico que alimenta la violencia, la corrupción policial y el financiamiento de redes criminales que luego se infiltran en la política local.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/editoriales/crisis-en-bolivia-nid20052026/