“Mi hijo hasta el día de hoy lo padece. Perdió su escuela. Perdió a sus amigos”, dice Andrea, una madre que prefirió resguardar su apellido. Habla del Instituto Duayén, el colegio al que asistía su hijo, ubicado en Ballivián 2230, Villa Ortúzar.

La crisis que atraviesa el establecimiento se refleja en su fachada: todavía se lee “Instituto Educacional A-990”, pero se quitaron las letras que formaban su nombre.

Familias y docentes de este colegio con 39 años de historia describen salarios adeudados, renuncias, pérdida de actividades escolares y una salida acelerada de alumnos. Los responsables reconocen deudas y embargos, pero rechazan un vaciamiento o cierre: sostienen que recibieron una institución financieramente deteriorada y buscan relanzarla. Hoy la primaria no tiene alumnos. Según la conducción, quedan 31 chicos en jardín —17 en sala de 5 y 14 en sala de 4— y cerca de 30 en toda la secundaria.

Del colegio familiar al conflicto

Julieta conoció otro Duayén. Su hijo ingresó al colegio en sala de 4. Recuerda actividades con padres y abuelos, ecología, deportes, arte y natación. “Siempre fue un cole chico, muy familiar. Todos nos conocíamos con todos”, cuenta a este medio. Hacia fines de 2025, dice, comenzaron a llegar comunicaciones que atribuían dificultades a la morosidad de algunas familias y se eliminaron algunos descuentos. En el curso de su hijo, siete chicos no regresaron al comenzar 2026 y otros dos se fueron alrededor de abril.

También comenzaron las renuncias de docentes, algunos con más de dos décadas en la institución. La natación primero se suspendió dentro del colegio y luego también en el espacio externo. El hijo de Julieta se quedó sin su maestra en abril pasado; una suplente permaneció poco tiempo y, según la madre, después algunas clases quedaron a cargo de una auxiliar que también daba inglés. Julieta asegura que en dos ocasiones los chicos quedaron sin un adulto y salieron a buscar a una maestra o a un directivo. Su hijo, relata, comenzó a volver con dolor de cabeza y algunas noches no quería comer.

Durante las vacaciones de invierno decidió cambiarlo. Afirma que todavía espera documentación escolar. También sostiene que hubo reuniones que no se concretaron y mensajes sin respuesta. Una fuente docente agrega que perdió el acceso a su correo institucional. Antonio Andrés, representante legal y socio gerente, y Julio César Picardi, socio gerente y administrador, rechazan esa descripción y aseguran que estuvieron disponibles para recibir a las familias.

En las reseñas de Google Maps, Carmen De Larois, abuela de dos alumnos, contó que también buscaba otra institución para sus nietos y señaló que dos docentes se habían ido por falta de pago; Leticia Gómez, cuyo hijo cursó primer año de secundaria en 2024, describió una pérdida progresiva de matrícula y cursos que dejaron de funcionar.

Mientras los padres buscaban vacantes, el conflicto avanzaba entre los trabajadores. Consultada por LA NACION, Alejandra López, secretaria general de SADOP CABA, confirmó que el gremio presentó denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo porteña y la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP). Según explicó, los empleadores reconocieron deudas salariales y acordaron pagos que, de acuerdo con el sindicato, fueron incumplidos.

“Las primeras alertas empiezan en noviembre de 2025, cuando los docentes empiezan a organizarse y acercarse a SADOP ante la falta de pagos de sus salarios”, señaló López a este medio. Hubo un cese de actividades y el conflicto se destrabó temporalmente, aunque los pagos siguieron fuera de término. El gremio indicó que julio permanece impago, que subsisten deudas anteriores y que existe preocupación por agosto. Parte de los trabajadores se consideró despedida.

Una fuente docente del área de Sociales, que pidió reserva de su identidad, asegura que, después de la pandemia, los atrasos se volvieron más frecuentes y surgieron problemas con las cargas sociales. Al consultar su situación, encontró períodos sin aportes registrados en ANSES. También detalla cursos de cuatro o cinco alumnos y uno con un solo estudiante.

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La fuente dice que todavía le adeudan diciembre y el aguinaldo de 2025, que desde entonces no recibió nuevos recibos y que su situación de disponibilidad no le fue formalmente comunicada. Relata además pagos parciales y en efectivo y cuentas bancarias que, sin acreditaciones salariales, comenzaron a generar gastos de mantenimiento.

En medio de los embargos, las familias pudieron pagar las cuotas —de entre $650.000 y $700.000, según los testimonios— en efectivo. Julieta dice que la opción fue transmitida por maestras y directivos con la explicación de que así el dinero podía llegar a los trabajadores en lugar de quedar retenido en cuentas embargadas.

Las cuentas institucionales de Instagram y Facebook no están disponibles y los números telefónicos publicados en la página web del colegio tampoco se encuentran operativos, según pudo constatar este medio.

“No vinimos a cerrar”

Andrés y Picardi recibieron a LA NACION y dieron su versión. Reconocen deudas y embargos, pero discuten su origen. Según su versión, fueron convocados en agosto de 2024 cuando la conducción anterior evaluaba cerrar la institución. Auditaron el colegio, firmaron un preacuerdo en septiembre y el cambio societario se formalizó el 30 de enero de 2025.

Sostienen que encontraron deudas fiscales, problemas administrativos y una caída de matrícula desde la pandemia. Picardi asegura que la documentación consignaba 384 alumnos, pero al tomar posesión encontraron 322, de los cuales 176 tenían algún porcentaje de beca. Había unos 130 trabajadores y 44 de ellos correspondían a secundaria, nivel que, según la conducción, tenía apenas 30 alumnos. La nómina salarial rondaba los $135 millones frente a una recaudación aproximada de $180 millones, aunque, afirman, existía una elevada mora.

La administración enumera obligaciones que atribuye a períodos anteriores: una intimación por $12 millones vinculada a aportes estatales que, según su relato, no habían sido rendidos; otros $86 millones correspondientes a 2020-2024 y planes de pago con ARCA. Picardi ubica otro punto crítico en octubre de 2025, con un embargo de unos $20 millones por una demanda de una empresa de limpieza. El 1º de diciembre, asegura, ARCA ejecutó otro embargo sobre cuentas donde había fondos destinados a salarios y aguinaldos.

“Empezamos a entrar en una cesación de pago”, reconoció. Los salarios de diciembre, enero y febrero se abonaron parcialmente y trabajadores iniciaron reclamos judiciales o se consideraron despedidos. Para marzo, según la administración, quedaban unas 85 personas. Nuevas ejecuciones de ARCA en abril y mayo, admiten, profundizaron las dificultades.

Sobre la pileta, explican que una inspección aconsejó revisar las condiciones estructurales, por lo que suspendieron su uso. Luego encargaron un estudio y en febrero comprobaron que el espacio no estaba habilitado. Durante un período alquilaron otro natatorio y micros, hasta que la situación económica lo impidió.

Una primaria sin alumnos

Según Picardi, antes del último éxodo quedaban unos 30 chicos en primaria y finalmente todos fueron retirados. Los responsables atribuyen parte de la salida a rumores de cierre y cuotas impagas.

En tanto, las familias y los docentes consultados lo atribuyen a la incertidumbre, la reducción de actividades y el conflicto salarial. SADOP estima que permanecen unos 28 alumnos en la última sala de jardín y alrededor de 30 en quinto año de secundaria, y coincide en que primaria quedó sin alumnos ni docentes.

La discusión también llegó al nombre. Las fotografías tomadas por LA NACION muestran que permanece la identificación “Instituto Educacional A-990”, mientras debajo se distinguen las marcas de las letras retiradas. Los responsables sostienen que la identificación oficial nunca se quitó y que solo se removió el nombre de fantasía. Primero evaluaron llamarlo Duayén School, con una propuesta reforzada de inglés, y ahora proyectan otra identidad. Picardi habla de una “refundación” que incluiría un polo educativo, terciario, idiomas y convenios universitarios. Aseguran que buscan matrícula para 2027.

El Ministerio de Educación porteño confirmó a LA NACION que la DGEGP está al tanto de la “situación institucional compleja” desde el receso de invierno y a disposición de la comunidad para garantizar las trayectorias educativas y orientar a las familias. También informó que las autoridades del instituto manifestaron y reiteraron su voluntad de mantenerlo abierto.

La DGEGP evaluará la situación hacia la finalización del ciclo lectivo, según su evolución y las condiciones institucionales existentes entonces. Hasta ese momento, informó el Ministerio, continuará el seguimiento y acompañamiento de la comunidad educativa, con la continuidad de las trayectorias de los estudiantes como prioridad.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/crisis-en-el-instituto-duayen-se-quedo-sin-alumnos-en-primaria-y-el-ministerio-sigue-de-cerca-su-nid07092026/