El escándalo que generó el caso del diputado José Luis Espert, fundadamente sospechado de haber recibido ilegalmente fondos provenientes del narcotráfico, puso en estado de alerta a la sociedad. La posibilidad de que el dinero proveniente del tráfico de drogas pudiera estar financiando a la dirigencia política colocó a la Argentina frente al espejo de otros países de la región, en los que la violencia narco no solo azota a los barrios pobres, sino que decide qué candidatos siguen viviendo y cuáles no. Esa reacción representa el vaso medio lleno: nuestra sociedad tiene anticuerpos frente a estos graves problemas, como lo demuestra también el horror que produjo el crimen narco de las tres chicas en Florencio Varela.

Sin embargo, la indignación por sí sola no resuelve los problemas. Hacen falta también una comprensión acabada del tema y un diagnóstico claro para emprender, o al menos discutir, algunos cambios que ayuden a mitigarlos.

Comencemos por una aproximación amplia y conceptual. El poder del dinero siempre ha sido un problema para la democracia, porque subvierte uno de sus principios esenciales: todos tenemos la misma capacidad de incidir sobre el destino del conjunto, y por eso todos los votos valen uno. Pero hacer política es costoso, se necesitan muchos recursos para convencer a otros y pedirles el voto. Por eso, la influencia de las personas con mucho dinero desequilibra el sistema hasta volverlo irreconocible: a través de su apoyo monetario pueden “comprar” leyes o políticas públicas que los beneficien particularmente, subvirtiendo el interés o la opinión de las mayorías. Este problema se ha agravado en las últimas décadas, en las que los partidos políticos no proveen ideologías, ni programas convocantes, ni discursos coherentes, ni prácticamente ningún recurso colectivo que pueda contrarrestar la tentación de hacer política y buscar el poder casi exclusivamente con dinero.

Este es el contexto en el que el dinero –y sobre todo el proveniente de los mercados ilegales– penetra en el Estado y en los mecanismos democráticos, especialmente en las campañas electorales, para obtener negocios, influencia o impunidad. Este tipo de opacidad es anterior a Espert –alcanza con recordar el nunca esclarecido triple crimen de General Rodríguez de 2008 y los cuantiosos aportes que droguerías vinculadas a los asesinados habían hecho a la campaña del Frente para la Victoria en 2007– y continuará existiendo cuando nos hayamos olvidado de él. Si nos preocupa el problema desde una perspectiva más amplia, entonces se trata de reducir esos riesgos al máximo posible.

En la Argentina hay una gran confianza en la integridad de las elecciones: los resultados no se objetan, ni hay denuncias judiciales de fraude –más allá de los casos anecdóticos que el periodismo reporta en cada jornada electoral, los cuales, dicho sea de paso, existen en todos los países del mundo–. Pero si para la sociedad las elecciones son legítimas y necesarias, los partidos políticos que compiten en ellas no lo son. Esto es así en parte porque no han sabido resolver los problemas del país, y en parte porque, en general, son poco transparentes en cuanto a la obtención y el manejo del dinero en las campañas.

Desde la primera sanción de una ley de financiamiento de los partidos políticos, en 2002 (Ley 25.600), la Argentina, con un fuerte impulso de su sociedad civil, ha ido incorporando estándares de regulación en consonancia con los de la región y los reclamados por los organismos multilaterales y por Transparencia Internacional. Estos incluyen un esquema de financiamiento público equitativo, acceso amplio y gratuito a los medios audiovisuales, estrictos topes de gastos, techos y restricciones a los aportes privados y limitación a los plazos de campaña. En 2019 se aprobó la última reforma a nuestro régimen de financiamiento (Ley 27504, que modifica la Ley 26215 sancionada en 2006) incorporando la bancarización de los aportes. En conjunto, estos y otros mecanismos han dotado al sistema de mayor equidad y transparencia. Sin embargo, desde entonces el sistema político pareció darse por satisfecho con lo realizado, como si el menú reformista se hubiera agotado. Pero todavía hay medio vaso vacío, y como insiste el proverbio, toda crisis es una oportunidad.

¿Informes o dibujos? Pese a todos los avances normativos, todavía no sabemos bien quién financia las campañas, ni cuánto se gasta realmente en ellas. Los partidos están obligados por ley a presentar informes periódicos. Sin embargo, es un comentario extendido entre los expertos que, en general, estas rendiciones están lejos de reflejar la realidad. Por ejemplo, para la campaña electoral de 2023, los cuatro candidatos presidenciales que superaron el 3% de los votos declararon haber gastado, en conjunto, 3,4 millones de dólares, lo cual representa una relación de 0,12 dólares por elector. Esa proporción es 6 veces menor a la declarada por los seis candidatos mexicanos en la elección de 2018, 7 veces menor a la de los seis chilenos en 2021, 17 veces menor a la declarada por los partidos franceses en 2022, y 40 veces menor en relación con los candidatos uruguayos de 2019. Aunque deberían incluirse también otros factores a la hora de evaluar esta comparación, el dato refuerza la sospecha respecto a que lo informado por los partidos en Argentina es solo una parte ínfima de lo que realmente se gasta.

Todo gasto político tiene hoy mala prensa, y hablar de millones de dólares puede sonar desmesurado. Pero las campañas, ya se dijo, son caras. Otro indicio de subdeclaración en los informes es que las agrupaciones políticas reportan más ingresos provenientes de aportes públicos que de aportes privados. Según datos recabados por la investigadora Carolina Tchintian, en 2023 solo una de las fuerzas políticas, Juntos por el Cambio, reconoció aportes privados por encima de los públicos. La Libertad Avanza informó que el 93% de sus ingresos para la campaña provinieron del Estado. Para la primera vuelta, La Libertad Avanza y Unión por la Patria declararon haber recibido apenas dos pesos de aportes privados por cada 100 pesos gastados.

En estos días se señaló que la rendición de gastos de campaña del partido Unite, que candidateó a Espert en las elecciones presidenciales de 2019, había sido desaprobada. Eso es cierto, pero está muy lejos de ser una excepción. La Cámara Nacional Electoral lleva un registro de los partidos sancionados. En noviembre de 2024 ese listado informaba que desde 2007 se han dictado 13.641 sanciones por distintas infracciones en esta materia, la mayor parte de las cuales implicó la quita total o parcial de los aportes públicos. Sin embargo, frecuentemente los partidos no completan las subsanaciones requeridas, aceptando tácitamente la sanción que ello conlleva. Resulta entonces curioso que a partidos que declaran a los aportes públicos como su principal fuente de ingresos les resulten irrelevantes las sanciones que los reducen o suspenden. Esto también refuerza la idea que los informes que exigimos actualmente no reflejan la realidad del financiamiento, ocultando el grueso de los aportes recibidos de donantes privados y los gastos efectuados con esos aportes.

Partidos, candidatos y cajeros. Un problema de la normativa actual es que asume que el dinero utilizado en las campañas electorales es el que ingresa y egresa de la cuenta única que los partidos o alianzas destinan a tal fin. Los partidos, consecuentemente, se limitan a informar aquello que recibieron en dicha cuenta. Sin embargo, como estamos argumentando, hay buenas razones para creer que gran parte de los gastos de campaña no transita por esa vía. Por un lado, la experiencia parece mostrar que las oficinas públicas de todo nivel –nacional, provincial, municipal– suelen ser fuente de recursos de campaña. Por otro, entonces, las campañas tienen una contabilidad paralela. Hace pocos días Espert declaró, en relación con los aportes de “Fred” Machado, que “un candidato no maneja plata de campaña ni vehículos (…) los candidatos en campaña nos subimos a donde el sello partidario con el cual competimos nos dice”. Como pronto se supo, esto no era así. Y no suele ser así: los candidatos que encabezan las listas, especialmente para cargos ejecutivos, suelen tener sus propios equipos de recaudación. Lo que luego informe el partido podrá tener mucho, poco o (casi) nada que ver con lo que el equipo del candidato recaudó y gastó.

Partidos y sellos. Otro elemento que complejiza el problema es que en la Argentina la ley orgánica de los partidos políticos es extremadamente laxa a la hora de definir requisitos para crear partidos. Al día de hoy la Justicia electoral informa que tenemos 48 partidos nacionales y 730 partidos de distrito en todo el país. Muchos de ellos son, tal como lo definía el propio Espert, meros sellos cuya razón de ser consiste en captar financiamiento público y/o alquilarse al mejor postor para que candidatos sin partido puedan competir. Este festival de sellos es una fuente más de opacidad a la hora de transparentar los flujos del dinero en la política, y crea una maraña difícil de auditar con recursos escasos.

Reformas, debilidad institucional y legitimidad democrática. Es sabido que uno de los problemas de las instituciones en América Latina es la poca capacidad estatal para garantizar el cumplimiento de las normas legales. En el caso del financiamiento político, la debilidad institucional es manifiesta: el sistema legal cumple con muchos estándares internacionales, pero su nivel de cumplimiento es bajo. Sin instituciones y mecanismos de control fuertes y eficientes, las previsiones no se cumplen o bien no alcanzan los objetivos que se proponen. Es allí donde debe ponerse el acento si se trata de tomar la cuestión del financiamiento político en serio.

Sin ánimo de ser exhaustivos, algunas opciones en esa dirección incluyen los siguientes puntos: creación de un fuero electoral específico especializado en la materia; creación de una fiscalía especializada en faltas y delitos electorales, la cual, en colaboración con diferentes organismos como la UIF, el Banco Central y ARCA, podría tener a su cargo investigar el uso de dinero no reportado; fortalecimiento y autonomía política del órgano administrativo, la actual Dirección Nacional Electoral; o la implementación de un régimen de fiscalización en tiempo real bajo la órbita de la Justicia electoral, mediante el cual los partidos proporcionen comprobantes de sus ingresos y gastos en un programa en línea.

Estos puntos refieren a la necesidad de fortalecer la gobernanza en materia de financiamiento, pero el régimen de sanciones también merece una revisión. Parece preciso incorporar la desaprobación recurrente de informes como causal de caducidad partidaria; y está pendiente también la discusión respecto a la incorporación de otras sanciones disuasivas, como la responsabilización legal de los candidatos, que podría llegar por ejemplo hasta la pérdida de los cargos obtenidos.

Nos cabe a los ciudadanos exigir a los políticos la mayor transparencia posible también en este terreno. Será en su propio beneficio tanto como en el de la sociedad. Ellos pueden sucumbir a la tentación de recurrir al financiamiento ilícito para obtener una ventaja electoral de corto plazo. Pero si nada cambia, en el mediano plazo la percepción social de un sistema sostenido en aportes ilegales terminará derrumbando, más todavía, la confianza en los partidos hasta llegar a minar la propia legitimidad de las elecciones y de la democracia como un todo.

La calidad de las elecciones y de los partidos políticos son condiciones necesarias para una democracia legítima, no exigencias excesivas de ciudadanos exagerados. Tenemos ante nuestros ojos una nueva oportunidad no solo para mejorar la democracia sino también para salvarla de los efectos perversos de su mal uso, que está muy cerca de ser vital.

D’Alessandro, politólogo, es presidente de Poder Ciudadano; Scherlis, politólogo, es exdirector de Reforma Política

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/ideas/cuentas-partidarias-oscuras-poca-calidad-democratica-nid18102025/