Dejan firme la condena a un torturador de empleados judiciales
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 10 años de prisión para el acusado de haber secuestrado y torturado a un grupo de delegados gremiales de la Unión de Empleados de la Justici...
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 10 años de prisión para el acusado de haber secuestrado y torturado a un grupo de delegados gremiales de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional durante la última dictadura. Las víctimas fueron Julio Piumato, líder del sindicado, y los trabajadores Luis Alberto Olmos y Luis Alberto Galaso.
En la madrugada del 1° de junio de 1976, al menos cuatro grupos operativos del Departamento Sumarios de la Superintendencia de Seguridad Federal allanaron simultáneamente los domicilios de varios miembros de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), los detuvieron y posteriormente condujeron al centro clandestino de detención y tortura que funcionó en el tercer piso de la Superintendencia de Seguridad Federal.
Allí estuvieron alojados hasta el 7 de junio, cuando fueron puestos a disposición de la Justicia Federal y trasladados a la Alcaidía del Palacio de Tribunales.
Aquel 1° de junio también fueron detenidos y llevados a Coordinación Federal el exfiscal general Germán Moldes y Gustavo Alberto Galligo, entonces miembros de la UEJN.
En 2014, en el marco de la megacausa en que se investiga la actuación del Primer Cuerpo de Ejército y en relación con los hechos que tuvieron lugar en el centro clandestino conocido como “Coordinación Federal”, el juez federal Daniel Rafecas procesó a Juan Manuel Grosso, Rafael Oscar Romero, Fausto José Mingorance y Carlos Enrique Gallone.
A los dos primeros los encontró responsables de haber intervenido en el operativo llevado a cabo en el domicilio de Vicente Alberto Maydana Casco, alias “El Indio”, que era delegado del fuero comercial y estaba en la calle O’Higgins 3440, piso 15. Allí se detuvo a su esposa, Susana Noemí Lamberti.
A su vez, mientras se llevaba a cabo el procedimiento en su domicilio, el delegado del fuero comercial, en circunstancias no esclarecidas, cayó al vacío y falleció como consecuencia del impacto.
En tanto, a Fausto José Mingorance y Carlos Enrique Gallone, dos oficiales de la PFA, se le imputó su participación en el operativo de detención de Piumato (en aquel entonces delegado general del fuero civil) en su casa de Lezica 4459 de la Capital Federal, donde se encontraba junto a otros dos miembros de la UEJN, Luis Olmos y Luis Alberto Galaso. Según quedó demostrado, fueron golpeados y torturados.
En 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 condenó a Mingorance a la pena de 10 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por mediar violencia o amenazas en concurso real con tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, calificados como delitos de lesa humanidad, en perjuicio de Piumato, Olmos y Galaso.
Gallone murió en prisión. Es recordado porque protagonizó una fotografía con una madre de Plaza de Mayo, para contener sus gritos, pero como si la abrazara, la que fue usada por la dictadura para dar la falsa imagen de una reconciliación.
La defensa de Mingorance apeló el fallo. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la argumentación del expolicía en 2021. Contra ello, la defensa llegó en queja al máximo tribunal. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la presentación fue rechazada por no cumplir con las formalidades de rigor y, así, la condena quedó firme.