Pasados casi dos años del último cambio de gobierno, cuando la administración de Javier Milei unificó el tipo de cambio y extinguió así la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, vale la pena preguntarse por el escaso avance que han tenido desde entonces las investigaciones de la Justicia sobre las gravísimas irregularidades en el acceso a divisas en medio del cepo cambiario con apenas un puñado de operadores financieros y cinco supervisores del Banco Central imputados.

Estamos sin dudas ante un escándalo de proporciones que urge esclarecer. Informes preliminares de organismos del Estado y del Ministerio Público Fiscal permiten inferir que aquellas maniobras, que proliferaron principalmente entre 2022 y 2023, habrían alcanzado al menos los 1400 millones de dólares e involucran a nueve bancos, 90 casas de cambio y unas 200 personas. ¿Por qué no se han podido recabar más testimonios o reunir más pruebas en las tres causas que las investigaron, que quedaron ahora reducidas a dos, luego de que, hace tres semanas, la Cámara Federal unificó en el juzgado de Ariel Lijo las pesquisas que llevaban este magistrado y la jueza María Servini? Vale recordar que se aguarda una decisión sobre una tercera causa sobre el mismo tema, más antigua, que desde diciembre de 2021 tiene a cargo María Eugenia Capuchetti.

Hasta el momento, quien mayores indicios ha encontrado es el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la causa del juzgado de Lijo y ha imputado a varios protagonistas de aquella “cadena de la felicidad” y a quienes debían controlarlos. Entre ellos, cinco funcionarios del Banco Central que supervisan casas de cambio -Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García- y una decena de empresarios entre los que sobresalen Elías Picirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque.

¿Ahí termina el círculo de sospechas transcurridos ya dos años de operaciones de las que todo el sector financiero estaba al tanto? ¿No hay, por ejemplo, ejecutivos de bancos, eslabón insustituible en ese circuito de requerimientos de dólares que empezaba en particulares o empresas necesitados de divisas y terminaba en el Banco Central, la entidad que autorizaba? ¿Nadie en el directorio del gobierno anterior, cuya conducción económica estaba a cargo de Sergio Massa, ministro de Economía entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, o el propio presidente del BCRA de entonces tiene algo para aportar?

En una sus últimas medidas el fiscal Picardi, que incluyó en la investigación a los Agentes de Liquidación y Compensación (Alycs), hizo varios operativos. Allanó, por ejemplo, la casa de Jorge Blanco, presidente del Banco Sucrédito de Tucumán y muy ligado a Piccirillo, y le pidió al juez el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil e impositivo de varios ejecutivos y empresarios, entre ellos, Juan Ignacio y José María Napoli, accionistas de Napoli Inversiones SA; Anahí Marisol Aquino Laprida, vinculada con Creden Agencia de Cambio y Turismo, y Juan Ignacio Agra, de la casa de cambio Mega Latina SA.

El caso de Juan Nápoli es más que sugestivo porque se trata de alguien cercano al poder que fue noticia recientemente, cuando trascendió un video en que se lo ve celebrando el triunfo de la Argentina frente a Suiza en el Mundial de Fútbol, al lado de Martín Insaurralde, otro agente central del submundo de los negociados vinculados con la política e investigado desde hace tres años por enriquecimiento ilícito. ¿Se trata de un elenco estable que interactúa con el favor de los funcionarios? Nápoli es dueño del Banco de Valores y está desde hace tiempo ligado a la política: fue candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en 2023 en la lista de Javier Milei y tiene una antigua relación con Massa.

Llegar a la verdad sobre cómo se hicieron esas operaciones es relevante por los montos en cuestión y por el momento histórico en que ocurrieron, en medio del cepo cambiario y mientras el resto de la economía, incluidos sectores sensibles como el de la salud, sufría restricciones para funcionar. Hay que recordar que, aun con cepo, la normativa de entonces permitía obtener divisas para dólar ahorro a quienes cumplieran determinados requisitos, y a bancos y casas de cambio para reponer depósitos o abastecer a ese mercado mínimo de ahorristas.

El acceso a esos dólares surgía de una rueda diaria que organizaba lo que el sector financiero conoce como la “mesa del Banco Central”, que entonces dependía de Carlos Fabián Sgarbi, subgerente de Operaciones del ente monetario. Las decisiones sobre quién estaba autorizado a esas divisas, que quedaron registradas y con firma en el sistema, son ahora motivo de controversia porque entre los empleados de planta dicen que acataban órdenes del directorio, integrado en esos años por un elenco que ya no está. El BCRA estaba conducido por Miguel Pesce, que había sido designado por el presidente, Alberto Fernández, y era escoltado por dos vicepresidentes, Sergio Woyecheszen y Jorge Carrera, que convivían a su vez con un directorio que, cuando asumió Massa en Economía, funcionaba en coordinación con el Palacio de Hacienda. Lo integraban Claudia Berger, Zenón Alberto Biagosch, Pablo Manuel Carreras Mayer, Juan Agustín D’Attellis, Claudio Martín Golonbek, Lisandro Cleri y Betina Susana Stein. Demasiada gente con atribuciones y la información suficiente como para estar en condiciones de aportar datos. Algo tan grave no debería quedar en la nada. Son demasiados los nombres y abundantes las fundadas sospechas como para permitir que los culpables sigan impunes.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/editoriales/dolar-oficial-causas-a-ritmo-de-impunidad-nid17072026/