En 2025, Nuevo México ha consolidado su postura en defensa de los derechos de la población inmigrante mediante la implementación de nuevas regulaciones que restringen la cooperación con instancias federales en lo referente a detención. Estas disposiciones buscan fortalecer la seguridad y la estabilidad de las comunidades migrantes, para impedir la ampliación de centros de reclusión privados y establecer límites a la intervención de agencias estatales en procedimientos relacionados con el estatus migratorio.

Limitaciones a la privación de libertad de personas migrantes

La legislación identificada como HB 9 prohíbe que las instituciones de Nuevo México suscriban acuerdos con compañías privadas para gestionar establecimientos de detención de inmigrantes. Con este marco normativo, se cierra una laguna legal que facilitaba la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que derivó en encarcelamientos prolongados sin un control adecuado.

Además, la normativa establece que ninguna edificación bajo jurisdicción gubernamental podrá ser utilizada con fines de retención de personas por razones migratorias. Esta disposición impide la proliferación de estos centros en el estado y busca reducir la separación de familias, al mismo tiempo que promueve mejores condiciones dentro de estas instalaciones.

Aunque la aprobación de la HB 9 representa un avance significativo en la protección de los derechos de la población migrante, es importante destacar que no constituye la primera iniciativa de esta naturaleza en el estado. Antes de 2025, se promulgaron normativas como la SB 196, que restringe la cooperación de las autoridades locales con ICE, y la HB 37, que permitió a los inmigrantes acceder a licencias de conducir sin importar su estatus legal. Estas disposiciones establecieron un marco normativo más inclusivo y facilitaron la implementación de medidas más firmes en la actualidad.

Oposición a las disposiciones federales sobre inmigración

Ante el incremento de restricciones migratorias a nivel nacional en 2025, Nuevo México ha optado por reforzar las garantías de quienes residen en su territorio. La reinstauración de mecanismos de deportación acelerada y la imposición de mayores restricciones fronterizas han generado inquietud en la población inmigrante, lo que ha llevado al estado a implementar medidas que salvaguarden sus derechos fundamentales.

Como parte de esta respuesta, las autoridades locales han confirmado que no destinarán recursos estatales a operativos de control migratorio. Asimismo, se ha limitado la posibilidad de que las instituciones del estado suministren información a entidades federales en casos que puedan derivar en arrestos o expulsiones de personas sin historial delictivo grave.

Mayor respaldo a la población inmigrante

Las recientes modificaciones han sido celebradas por activistas y defensores de los derechos humanos, quienes resaltaron los beneficios que estas medidas aportarán a quienes emigraron al estado. Estas disposiciones no solo contribuyen a reducir detenciones arbitrarias, sino que también fortalecen el acceso a asesoría jurídica y garantizan mejores condiciones de vida.

Queda prohibida la apertura de nuevos centros de detención privados.Se restringe la cooperación de autoridades estatales en operativos federales.No se permitirá el uso de instalaciones públicas como centros de reclusión migratoria.Se amplía el acceso a representación legal para quienes enfrentan procesos de deportación.Se conforma un comité encargado de vigilar las prácticas de detención.Se promueve la creación de programas de asistencia para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.La población local podrá participar activamente en el monitoreo de las políticas de inmigración.Participación comunitaria y control legislativo

Organizaciones dedicadas a la defensa de los inmigrantes han desempeñado un papel clave en la formulación de estas normativas. Agrupaciones como la Asociación para los Derechos Civiles han denunciado la falta de transparencia en los procedimientos de detención y han impulsado acciones para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de esta población.

A su vez, habitantes y líderes comunitarios han exigido mayor supervisión sobre las acciones vinculadas con arrestos y expulsiones. Como resultado, se estableció un consejo estatal encargado de monitorear las políticas migratorias de Nuevo México con el propósito de evitar detenciones sin fundamento y mejorar las condiciones en los centros de reclusión.

Las leyes vigentes a partir de 2025 representan un punto de inflexión en la forma en que el estado gestiona la migración. Nuevo México ha optado por distanciarse de las restricciones impuestas a nivel federal y priorizar la defensa de los derechos de quienes han hecho de este territorio su hogar. Con el respaldo de movimientos sociales y representantes gubernamentales, estas medidas buscan establecer condiciones más justas para todas las personas, independientemente de su estatus legal.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/nuevo-mexico/es-oficial-estas-son-las-leyes-migratorias-en-nuevo-mexico-que-estan-vigentes-en-2025-nid13042025/