La fiscalía insistió para que Economía identifique a los funcionarios que aprobaron las SIRA para conseguir dólares baratos
El fiscal federal Franco Picardi reclamó de “manera urgente” para que en 72 horas el Ministerio de Economía le informe la identidad de las personas que estaban autorizadas a aprobar ...
El fiscal federal Franco Picardi reclamó de “manera urgente” para que en 72 horas el Ministerio de Economía le informe la identidad de las personas que estaban autorizadas a aprobar solicitudes de importaciones (SIRA) durante la gestión de Sergio Massa, entre 2022 y 2023.
Además insistió ante el juez federal Ariel Lijo -por tercera vez- para que levante el secreto bancario, fiscal y bursátil de un grupo de empresarios, entre los que se cuentan un excandidato a senador nacional por La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei.
Así la fiscalía retomó el impulso en la investigación contra un grupo de financistas y cueveros que obtenían de manera irregular dólares “baratos” al precio oficial durante la vigencia del cepo y los vendían con ganancias millonarias en el circuito del dólar blue.
En paralelo, en la misma causa se investiga a un grupo de funcionarios del Banco Central, supuestos facilitadores de estas maniobras, y a una supuesta organización que autorizaba el acceso a dólares al precio oficial para pagar importaciones, a cambio de una comisión de entre 10% y 15% de la operación.
El caso lo tiene el juez federal Lijo, que concentró todas las investigaciones que estaban dispersas en tres juzgados federales: el suyo, el de la jueza María Eugenia Capuchetti y el de la magistrada María Servini.
Picardi, en su solicitud de medidas de prueba, volvió a exigirle al Ministerio de Economía la nómina de usuarios que habilitaban las importaciones durante el cepo cambiario y quiénes eran los funcionarios que, desde el Estado, aprobaban o frenaban los permisos de importación.
El fiscal ya había pedido el 17 de julio estos datos de usuarios y funcionarios a la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa del Ministerio de Economía, que ya contestó, pero Picardi consideró que la información “no satisface de manera íntegra” lo requerido. Por eso volvió a pedirla, otra vez con plazo de 72 horas y con carácter urgente.
La fiscalía quiere saber el cargo y el alcance de los permisos de cada usuario autorizado a operar el Sistema Informático Malvina (SIM), que es la plataforma donde se registran y tramitan todas las declaraciones de comercio exterior del país. En particular quiere saber quiénes podían habilitar o intervenir en la autorización de importaciones mientras rigió la SIRA, además de todo detalle sobre la asignación de usuarios a la Secretaría de Comercio y sus dependencias.
Picardi ahondó para conocer los parámetros, criterios, variables o condiciones que se usaban para aprobar, observar o rechazar las solicitudes, junto con la descripción del procedimiento administrativo e informático aplicable.
El fiscal recabó datos sobre las solicitudes SIRA de NEMES S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C. y de Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A., la identidad de los funcionarios o usuarios que intervinieron, el carácter y alcance de cada intervención, las fechas y toda información vinculada al trámite, análisis, evaluación, aprobación, observación o rechazo.
Son las dos firmas sobre las que la investigación tiene el mayor grado de precisión. NEMES S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C, es una sociedad de hecho, que importó autoelevadores y repuestos por 54.600 dólares.
El 2 de marzo de 2023 Ariel Saponara, en representación de la firma, contactó a Martín Migueles, exnovio de Wanda Nara ligado al caso. Un chat recogido en el expediente muestra a Saponara pidiendo ayuda para liberar las declaraciones de importación a través de un contacto que ofrecía reducir los costos habituales.
En los chats, Migueles confirmó la aprobación inminente y discutió el costo y los márgenes. Héctor “Pipo” Caputto también participó de esa gestión y avisó que el trámite de las maquinarias ya estaba firmado.
Es, además, una de las dos empresas que la Secretaría de Comercio confirmó a la Justicia que efectivamente concretó la importación accediendo al dólar oficial.
Durante 2023, la Secretaría de Comercio estuvo a cargo de Matías Tombolini, en el Ministerio de Economía que conducía Massa. Tombolini fue sobreseído por estas acusaciones.
Picardi ordenó además incorporar al sistema de gestión los listados de llamadas entrantes y salientes de Héctor Ezequiel “Pipo” Caputto y Patricio Guido Marre, los dos presuntos intermediarios que, según la hipótesis fiscal, conectaban a los empresarios con quienes podían destrabar los permisos.
La fiscalía pidió ahora la titularidad de los abonados telefónicos que registraron comunicaciones con ellos durante los días de interés para la gestión de las autorizaciones. Es una medida de identificación por descarte: si el vínculo con los funcionarios existió, debería aparecer en esos cruces.
El “rulo”Además de estas medidas, la causa avanza ahora sobre la otra vertiente que es la de los negocios con el “rulo”, es decir, los empresarios que accedían a dólares al precio oficial y lo vendían en el mercado paralelo.
Picardi le reiteró por tres veces al juez Lijo el pedido para levantar el secreto fiscal bursátil y bancario sobre los hermanos Napoli, tres operadores cambiarios y una empresa de maquinaria vial. También intimó a cinco sociedades de bolsa que no contestaron.
Picardi le recordó al juez Lijo que el 24 de abril y el 16 y el 18 de junio pidió el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil con respecto a un grupo de personas y una sociedad. Como no obtuvo respuesta, lo reiteró en todos sus términos.
Los alcanzados son Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida, Juan Ignacio Agra, Kevin Fernando Ribeiro y la firma COWDIN S.A.
Los Nápoli son los accionistas de Nápoli Inversiones. Juan Nápoli preside además el Banco de Valores y fue candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023, pero no fue electo.
Su nombre apareció en la ruta del dinero del expediente a partir de un sumario del Banco Central que ubicó a su sociedad como una de las estaciones de un “rulo”, con compra de dólares al precio oficial, adquisición de bonos y posterior venta a dólar MEP.
Su imagen apareció en un video junto a Martín Insaurralde, cuando veían un partido de la selección argentina contra Suiza en el Mundial en el departamento del empresario del empresario de la construcción Rodrigo Fernández Prieto, en Puerto Madero.
Voceros de la compañía de Napoli sostuvieron en su momento que se trató de una operación con una casa de cambio entonces autorizada por el Banco Central y a valores de mercado.
Cowdin S.A., dedicada a maquinaria vial y equipamiento pesado, es una de las dos empresas que el Gobierno confirmó ante la Justicia que concretó importaciones con acceso al dólar oficial. Pero no aparece en los chats peritados: los investigadores llegaron a ella por un número de expediente mencionado en las conversaciones.
Para el fiscal, la medida es “idónea, necesaria y proporcional” para avanzar en los dos tramos centrales de la pesquisa: la operatoria de las agencias de cambio y la tramitación irregular de los permisos SIRA. Picardo reiteró los pedidos de información a Global Valores S.A., Puente Hnos. S.A., Mateo y Marchioni SB Agente de Mercado S.A., C.A. Teully & Co. S.A. e Industrial Valores S.A.
Ordenó librar nuevos oficios electrónicos y les hizo saber que deberán remitir la información en un plazo máximo de 72 horas. La incorporación de los agentes de liquidación y compensación (ALyC) al expediente responde a la hipótesis de que parte del circuito se cerraba con operaciones bursátiles: dólares al oficial, bonos y venta contra el mercado paralelo.
Finalmente, Picardi le reclamó al tribunal que le remita toda la documentación secuestrada en la causa y también la incautada en el expediente CFP 3624/2024, incluidas las extracciones forenses de los equipos electrónicos levantados en ese caso, pues buena parte de lo que hoy se investiga sobre las SIRA salió, precisamente, de la pericia de un teléfono.
Esta causa se inició en 2025 a partir de los audios del expolicía Carlos “El Lobo” Smith, que trabajaba para Elías Piccirillo y terminó declarando como arrepentido en la causa. Smith montó un falso operativo policial contra Francisco Hauque, exsocio de Picirillo, para presionarlo y cobrarle una deuda. El expolicíaa declaró para mejorar su situación.
Picardi consideró que ese material era ajeno a aquella investigación, lo derivó a sorteo y así se abrió la causa que hoy tramita ante el juzgado interinamente a cargo de Lijo. La hipótesis fiscal sostiene que entre 2020 y 2023, con el cepo cambiario vigente, agencias y casas de cambio accedían a dólares al tipo de cambio oficial mediante estructuras societarias armadas al efecto y con la presunta connivencia de funcionarios del Banco Central, para después volcar esos billetes al mercado paralelo. Son maniobras que involucran unos 1400 millones de dólares, nueve bancos, 90 casas de cambio y alrededor de 200 personas.
El levantamiento del secreto de sumario, en mayo pasado, confirmó que la causa ya no se limitaba al “rulo”: la pericia sobre el teléfono de Martín Migueles, expresidente de Arg Exchange, exsocio de Piccirillo y pareja de Wanda Nara, abrió el tramo de las SIRA, con chats y audios en los que se hablaba de comisiones de entre el 10% y el 15% del valor de las importaciones para acelerar los permisos.
Piccirillo, Migueles y Hauque aparecen como los coordinadores del circuito cambiario; Patricio Guido Marre, alias “Pato”, que se dedica al rubro inmobiliario, y Héctor Ezequiel “Pipo” Caputto, como los intermediarios que conectaban a los empresarios con quienes podían destrabar los expedientes. A ellos se sumaron operadores del mercado de capitales y banqueros. Migueles rechazó las acusaciones ante la justicia, admitió haber actuado como intermediario en las SIRA, pero sostuvo que no le pagó a ningún funcionario público.