La Justicia laboral porteña condiciona su arranque al traspaso de los recursos que acordó con la Nación
El fuero laboral porteño, que tratará todos los casos de juicios laborales individuales, despidos o accidentes de trabajo de empresas cuya sede social se ubique en la Ciudad de Buenos Aires, esta...
El fuero laboral porteño, que tratará todos los casos de juicios laborales individuales, despidos o accidentes de trabajo de empresas cuya sede social se ubique en la Ciudad de Buenos Aires, estará en condiciones de funcionar en abril próximo, dijo a LA NACION Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño. El funcionario, sin embargo, condicionó ese arranque a que se produzca la transferencia de recursos del gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires, estimados en unos 60.000 millones de pesos para la cobertura de los cargos.
“La ciudad está preparada para que el primer trimestre del año esté funcionando el fuero local, sin perjuicio de que estamos esperando el convenio de transferencia de recursos”, dijo Tapia.
La llegada de la justicia laboral porteña es producto del traspaso de la justicia nacional laboral y su progresiva desarticulación. En la justicia laboral nacional tuvo históricamente influencia y poder de lobby el peronismo y los gremios.
La Corte Suprema de Justicia llamó la atención en reiteradas ocasiones, revocando fallos desproporcionados o fuera de toda lógica en perjuicio de los empresarios.
La ley de reforma laboral aprobada por el Congreso determinó que los jueces nacionales laborales quedarán como residuales de los casos individuales que tramiten, mientras que las nuevas demandas laborales, cuando la empresa tenga domicilio social en la Ciudad de Buenos Aires, tramitarán en el fuero laboral local.
Los juicios colectivos por casos relacionados con asuntos gremiales seguirán en la justicia contencioso-administrativa federal o en la nacional, donde se redujo el número de jueces de primera instancia y los camaristas que se van jubilando.
En la Ciudad de Buenos Aires se preparan para este cambio. El Ministerio de Justicia local impulsó una ley que crea diez juzgados laborales porteños y una Cámara de Apelaciones con dos salas de tres jueces cada una. Se aprobó también en la Legislatura un código procesal laboral porteño.
Pero con la nueva ley laboral se dispararon las necesidades. Pues con el progresivo cierre de la justicia laboral nacional, se prevé que el fuero laboral local tramite unas 30.000 nuevas causas.
Para hacerlo no alcanzan los nuevos 10 juzgados, cuyos jueces está designando el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
Ya se hicieron los concursos y están los candidatos que en el sistema porteño se designan tras una audiencia pública a realizarse el 18 de septiembre.
El mecanismo de designación de jueces en la Ciudad es diferente al de la justicia federal. En la Ciudad no interviene el Poder Ejecutivo, solo el Consejo de la Magistratura porteño y la Legislatura.
El Consejo le propone directamente un candidato a la Legislatura porteña y es la Legislatura la que designa por mayoría absoluta de sus miembros.
Si la Legislatura rechaza esa propuesta, el Consejo tiene que proponer otro candidato. Si la Legislatura no se expide en 60 días hábiles, la propuesta queda aprobada por el vencimiento del plazo.
50 nuevos juzgadosPara atender a esta necesidad de nuevos jueces, está pendiente de aprobación en la Legislatura una reforma legal que eleve a 50 los juzgados laborales porteños con siete salas y la ley del Servicio de Conciliación Obligatoria (Seclo) porteño.
Esto requeriría que se transfieran los recursos nacionales. Tapia ya mantuvo reuniones con el ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques, con el viceministro Santiago Viola y con Pilar Ramírez, la referente en la Legislatura de Karina Milei.
Se está trabajando en una idea de un convenio de traspaso progresivo de fondos; no importa si la Ciudad debería poner plata en el inicio del proceso, mientras que la Nación lo complete.
Incluso, confiaron fuentes del oficialismo porteño a LA NACION, se piensa en abrir un “libro de pases” con algunos jueces nacionales en caso de que no se llegue a tiempo con los concursos para cubrir las 50 vacantes en la ciudad.
Lo mismo podría ocurrir con la cobertura de las vacantes de los empleados, que verían reducidas sus tareas en la Justicia Nacional. En ambos casos, de todos modos, la última palabra la tendrá la ciudad a la hora de elegir. Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que se piensa abrir un registro de empleados de la Justicia nacional que se quieran pasar a la Justicia porteña.
En el Consejo de la Magistratura, la otra pata para que este sistema funcione, se está activando la organización de la secretaria general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial, Genoveva Ferrero.
“El nuevo esquema de Oficina de Gestión Judicial que buscamos implementar en el fuero laboral propone cambiar el modelo tradicional, siguiendo experiencias de Córdoba y Tucumán. Basado en la oralidad y la celeridad, concentra las gestiones administrativas en una oficina que trabaja para un grupo de jueces, para que los magistrados puedan enfocarse en su función jurisdiccional y, especialmente, en las audiencias. El objetivo es una Justicia más ágil, que le ahorre tiempo al ciudadano y mejore su acceso a la Justicia”, dijo Ferrero a LA NACION.
El Consejo de la Magistratura local ya alquiló un edificio moderno en Alsina 833/845, a cuatro cuadras de Plaza de Mayo, donde funcionarán los juzgados, la Cámara, las salas de audiencias y tendrán sus oficinas los peritos. Son más de 3100 metros cuadrados.
Se prevé una organización denominada de “gestión judicial asociada”, donde oficinas centralizadas, por ejemplo de audiencias o de trámites, canalicen las tareas y cada juzgado se dedicará solo a la labor jurisdiccional. Es decir, dictar sentencias, no organizar audiencias o llevar una contabilidad interna o gestionar personal.
La idea es estandarizar procesos que atiendan las necesidades de gestión de varios juzgados.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad ya mandó en julio pasado los pliegos para cubrir los primeros cargos y los tratará la Legislatura en la audiencia del 18 de septiembre.
Antes ya se había aprobado el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que previamente fue aprobado por el Congreso Nacional.
Los candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura a jueces de Cámara son: Diego Javier Tula, Martín Leonardo Furchi, Patricia Paola Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Horacio Bernardino Pitrau (exfuncionario de Macri y Milei en el Ministerio de Trabajo) y Gabriela Inés Fernández.
Para la Fiscalía de Cámara fue propuesto Germán Helvio Queipo, mientras que para los diez juzgados de primera instancia los postulantes son María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset.
Por otra parte, para las dos fiscalías de primera instancia fueron propuestas Viviana Laura Díaz y Mariana Paula Mansilla, mientras que Damián Natalio Ariel Corti se postula como candidato a asesor tutelar de Cámara y Federico Kaimakamian Carrau para el cargo de asesor tutelar ante los juzgados de primera instancia.