La mafia de las pistolas y fusiles: 141 allanamientos en todo el país contra una organización que alimenta el mercado negro de armas
ROSARIO.- En uno de los operativos más grandes de los últimos tiempos contra el mercado negro de armas, la Unidad Antimafia de la Policía Federal Argentina lleva adelante en varias provincias 14...
ROSARIO.- En uno de los operativos más grandes de los últimos tiempos contra el mercado negro de armas, la Unidad Antimafia de la Policía Federal Argentina lleva adelante en varias provincias 141 allanamientos contra una organización que se dedica a inyectar una impactante cantidad de pistolas y fusiles en el mercado ilegal que alimenta el poder de fuego de las bandas criminales, tanto en la Argentina como en el exterior.
La ruta internacional tiene como países de tránsito del armamento a Chile y Uruguay. Se sospecha que desde este segundo país se envían las armas a Brasil.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, luego de que una investigación de la fiscalía especializada en Crimen Organizado, a cargo de Santiago Marquevich, identificara una red de provisión de armas en el mercado legal a través de distintas metodologías, entre ellas, el uso de testaferros y también la presentación en el Registro Nacional de Armas (Renar) de documentación apócrifa de legítimos usuarios para poder adquirir pistolas y armas de grueso calibre.
También se investiga si parte del armamento que obtenía esta organización a través de testaferros y documentación apócrifa iba al exterior.
Según informaron fuentes de la investigación a LA NACION, en esta maniobra hay armerías involucradas. El método que se usaba para adquirir las armas −fundamentalmente pistolas 9 mm de marca Bersa− era que un legítimo usuario se presentaba en una armería y compraba una o más pistolas.
En algunos casos se detectó la compra de tres o cuatro armas de parte de una sola persona. Cuando la armería le entregaba el arma de manera legal, luego del trámite en el Renar, el testaferro cedía la o las pistolas a esta organización, que procedía a limar la numeración y venderla a un precio mayor en el mercado negro, del que se abastecen los grupos criminales.
Había una parte que estaba destinada al exterior, fundamentalmente Chile y Uruguay. La sospecha de los investigadores de la PFA es que desde este segundo país las pistolas eran entregadas tras cruzar la frontera a grupos criminales brasileños. En esta parte inicial de la investigación se detectaron unas 70 pistolas que fueron compradas en armerías a través de testaferros, pero se sospecha que la maniobra era mucho más grande.
Canales de abastecimientoEl operativo se realiza en distintas provincias, entre ellas, Santa Fe y Buenos Aires, bajo un fuerte hermetismo. Fueron allanados armerías y domicilios particulares. No hay muchos antecedentes de causas judiciales que busquen detectar a nivel nacional cómo se proveen de armas los grupos vinculados al crimen organizado. Siete allanamientos se llevan adelante en Rosario.
Las investigaciones judiciales y los operativos de los últimos meses permiten reconstruir con cierta precisión la arquitectura del mercado negro de armas que abastece al crimen organizado en el Gran Rosario.
No se trata de un circuito único ni lineal: son al menos tres canales de aprovisionamiento que funcionan en simultáneo, se complementan y responden a lógicas distintas: el desvío del circuito legal mediante testaferros, el robo en instalaciones militares y el contrabando transnacional.
El primer canal es el más silencioso y, quizás, el más difícil de combatir. En marzo de 2026, el Equipo de Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación desarticuló un mecanismo que llevaba meses en funcionamiento.
Un hombre de 27 años oriundo del norte de la ciudad de Santa Fe compraba pistolas en armerías con su documentación, cumpliendo todos los requisitos legales, y luego las entregaba a integrantes de organizaciones narcocriminales de Rosario.
El rastro se descubrió casi por casualidad: en diciembre de 2025, durante un robo en el barrio Tío Rolo, la policía detuvo a un delincuente armado. La pistola que portaba estaba registrada a nombre de este hombre de Santa Fe, que jamás había denunciado su extravío ni su robo. Era un testaferro de armas. La investigación determinó que había comprado al menos once pistolas con ese método. Solo cinco fueron recuperadas.
El otro canal tiene origen militar: del Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán, ubicado a pocos kilómetros de San Lorenzo, desaparecieron 43 fusiles FAL completos y unas 2500 piezas que permitirían ensamblar hasta 400 armas adicionales. La sustracción fue sistemática y se extendió durante años sin que los controles internos la detectaran.
Fue Brasil quien encendió la alarma: en septiembre de 2011, la Policía Federal brasileña secuestró tres fusiles FAL en Peabiru, estado de Paraná, con numeraciones que correspondían a arsenales argentinos. En junio de ese mismo año, la policía paraguaya se enfrentó en Asunción con un grupo armado que portaba FAL argentinos con las numeraciones limadas.
La investigación brasileña condenó al narcotraficante Getulio Morgado Sánchez, que traficaba armas desde Paraguay hacia el Primer Comando Capital (PCC). En octubre de 2025, durante la Operación Contención contra el Comando Vermelho en las favelas Alemão y Penha, de Río de Janeiro −el operativo policial más letal de la historia de Brasil, con 132 muertos−, apareció otro FAL del Ejército Argentino entre el arsenal de la facción. La Cámara Federal de Rosario confirmó recientemente que la causa contra siete militares del Batallón 603 no prescribió, rechazando el planteo de la defensa.
El tercer canal es el contrabando organizado a escala regional. La ruta más documentada tiene a Paraguay como nodo central. Diego Hernán Dirisio, detenido por Interpol en Córdoba en febrero de 2024, importó armas por un valor estimado de 230 millones de dólares: más de 43.000 pistolas y fusiles ingresados legalmente desde Turquía, Serbia, República Checa y Eslovenia a través de la empresa International Auto Supply S.A. Una vez en Paraguay, las armas eran desviadas al mercado negro con los números de serie adulterados en Ciudad del Este y despachadas hacia Brasil con destino al PCC y al Comando Vermelho.
Estas tres vías de aprovisionamiento convergen en el territorio. En marzo de 2026, agentes de la TOE y la Ciope necesitaron una retroexcavadora para desenterrar un arsenal oculto en un baldío de Roldán: dos fusiles AR-15 calibre 5.56, una réplica china del AK-47, seis pistolas Glock, CZ y Bersa, y unas 800 municiones, incluidas balas de calibre militar. El material estaba sellado en tambores de plástico bajo una losa de cemento.
Los investigadores vincularon el escondite a Los Menores, la organización que disputa a Los Monos el control territorial del narcotráfico rosarino. Días antes, en Puerto Gaboto, la Gendarmería había encontrado 18 pistolas, 40.000 dólares y un chaleco antibalas policial en un allanamiento contra la red de Jésica “Fea” González.
El problema no se agota en las armas. El mercado ilegal de municiones opera con su propia lógica. En 2021, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ahora Renar) secuestró en Cañada de Gómez 936 armas de fuego, 527.822 municiones y 18 equipos de recarga.
Los equipos de recarga son una pieza clave del rompecabezas: permiten a las bandas fabricar sus propias balas a partir de vainas servidas, reduciendo la dependencia del mercado formal y dificultando la trazabilidad balística.