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Ley Malvinas: el Gobierno volvió a modificar el proyecto, pero persisten las diferencias sobre las sanciones a la interferencia externa

El Gobierno buscará darle hoy media sanción en Diputados a su proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas. El oficialismo tiene los votos para aprobarlo en ge...

El Gobierno buscará darle hoy media sanción en Diputados a su proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas. El oficialismo tiene los votos para aprobarlo en general, pero todavía no logró un acuerdo sobre las sanciones por injerencia extranjera. Para acercar posiciones, la Secretaría Legal y Técnica introdujo nuevas modificaciones tras una reunión con representantes de los bloques aliados la semana pasada.

La iniciativa, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo, encabeza el temario de la sesión prevista para las 12. Aunque surgió con el objetivo de sancionar a las empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización argentina, su alcance se amplió a la defensa del territorio, las infraestructuras críticas y los procesos electorales e institucionales.

Las principales diferencias se concentran en el título VII, que modifica la ley de partidos políticos y el Código Penal para sancionar las campañas de injerencia extranjera y los actos de violencia contra el Estado. Los aliados consideran que algunas definiciones siguen siendo demasiado amplias y podrían afectar derechos constitucionales.

Además, por introducir modificaciones en materia electoral, ese apartado necesita una mayoría absoluta de 129 votos afirmativos, un número que el oficialismo todavía no tiene garantizado. Si no consigue nuevos acuerdos, podría quedar fuera del proyecto durante la votación en particular.

Entre los cambios incorporados figura la nueva denominación del Consejo de Seguridad Nacional, que pasará a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos.

El Ministerio de Seguridad, hoy a cargo de Alejandra Monteoliva, dejará de integrarlo de manera permanente y solo será convocado cuando resulte necesario. “Por la nueva denominación del Consejo, está claro que tiene que ver con defensa, no con seguridad. El ministerio pasa a ser convocado cuando se requiera a las fuerzas de seguridad”, explicó a LA NACION un referente libertario.

En la redacción original, la cartera de Seguridad no integraba el Consejo, pero se terminó incorporando a pedido de los aliados. En el último borrador, el Gobierno retornó a su intención primaria.

También se amplió la definición de aeroespacio para incluir expresamente el espacio aéreo y ultraterrestre.

Pero los ajustes más sensibles se concentran en el artículo 129 del proyecto -que integra el título VII-, que incorpora nuevas figuras penales vinculadas con la injerencia extranjera. El Gobierno eliminó la palabra “sabotaje” así como la referencia a las acciones destinadas a “afectar la libre formación de la voluntad política de la población”.

Resulta cada vez más evidente que hay un intento de armar una campaña coordinada desde el exterior, con complicidad de algunos actores de la política local, para atacar al Presidente de cara a las elecciones del año que viene. Es evidente que no van a dejar pasar la oportunidad… https://t.co/9wTJI6ZrGe

— Santi C. (@slcaputo) November 16, 2026

Además, estableció que, para configurar el delito, el autor deberá conocer la naturaleza de la campaña y actuar con esa finalidad específica. También excluyó de las sanciones a quienes compartan o adhieran a contenidos u opiniones, por ejemplo en redes sociales, sin recibir financiamiento ni instrucciones de agentes extranjeros.

Las precisiones, sin embargo, no conformaron a todos los aliados. Un legislador que participa de las negociaciones advirtió que la definición del delito todavía podría alcanzar actividades legítimas de sindicatos, organizaciones sociales o cámaras empresariales. “Definida por la negativa, queda todo adentro y es el ciudadano el que tiene que demostrar que se encuadra en una excepción”, cuestionó.

Ese mismo diputado también objetó que las restricciones al financiamiento extranjero se extiendan a la organización y dirección de campañas electorales, lo que podría afectar la contratación de consultores extranjeros.

Las diferencias con el peronismo

Unión por la Patria (UP), que presentó un dictamen de minoría, comparte el objetivo central del proyecto: sancionar a las empresas que participen, sin autorización argentina, de la explotación de recursos naturales en Malvinas y la plataforma continental.

En ese apartado, el oficialismo ya había limitado las prohibiciones sobre proveedores y accionistas de las empresas infractoras. La nueva redacción exige que los bienes o servicios suministrados sean indispensables para la actividad ilegal y que el proveedor conozca, o no pueda razonablemente desconocer, su destino.

Sin embargo, el peronismo cuestiona el régimen de Desistimiento y Regularización, que permite a las empresas abandonar las actividades objetadas y evitar determinadas sanciones. Desde el bloque consideran que el mecanismo podría facilitar que eludan las multas previstas por la propia ley.

También objetan el artículo 111, que somete determinadas inversiones de Estados extranjeros o empresas controladas por ellos a la revisión del Consejo de Asuntos Estratégicos. La disposición alcanza sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos y minería, además de infraestructuras críticas de interés nacional.

Desde UP advierten que podría interferir en decisiones provinciales. “Si una provincia quiere licitar un servicio que provee, por ejemplo, Huawei o Cofco, con participación del gobierno chino, incluso Petrobras, le tiene que pedir permiso al Consejo”, planteó un referente del espacio.

El texto excluye, sin embargo, las relaciones comerciales ordinarias que no impliquen control, influencia determinante o acceso a información tecnológica sensible.

El oficialismo llegará así al recinto con la aprobación general encaminada, pero con negociaciones todavía abiertas sobre uno de los apartados más controvertidos del proyecto.

La sesión también incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, la transferencia de competencias judiciales penales y de menores a la ciudad de Buenos Aires y modificaciones al marco regulatorio de las pymes.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/ley-malvinas-el-gobierno-volvio-a-modificar-el-proyecto-pero-persisten-las-diferencias-sobre-las-nid18112026/

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