La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió no intervenir en la disputa judicial por una normativa migratoria que permitía mantener inactivos determinados expedientes de deportación. Con esta decisión, continúa vigente el fallo que anuló una regla formalizada durante el gobierno de Joe Biden y dejó a la administración de Donald Trump la posibilidad de avanzar con la expulsión de algunos inmigrantes.

Qué decidió la Corte Suprema sobre los cierres administrativos

El pedido de revisión fue presentado por las ciudades de Baltimore, Columbus y New Haven, junto con la organización Centro Legal de la Raza. Los demandantes buscaban revertir las restricciones impuestas a los jueces de inmigración, quienes ya no pueden recurrir al cierre administrativo en las condiciones contempladas por la regulación anulada.

La resolución del máximo tribunal fue emitida sin una firma individual y con una frase corta que detalló: “Se deniega la solicitud de suspensión presentada ante el Juez Alito y remitida por él al Tribunal”. De esta manera, quedó en pie el acuerdo judicial entre Texas y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que dejó sin efecto la normativa a escala nacional.

Qué es el cierre administrativo de los casos migratorios

De acuerdo con The Washington Post, el cierre administrativo es un mecanismo utilizado desde 1990 que permite suspender temporalmente un expediente sin eliminarlo de manera definitiva. Durante ese período, el proceso permanece inactivo y puede reanudarse posteriormente, según las circunstancias del caso.

Esta herramienta se empleaba, entre otras situaciones, cuando una persona tenía pendiente una solicitud de residencia, un visado u otro procedimiento que podía modificar su situación migratoria. También podía beneficiar a víctimas de delitos y menores que buscaban acceder a mecanismos de protección previstos por la legislación estadounidense.

En 2024, según lo retomado por Courthouse News, el gobierno de Biden incorporó formalmente esta práctica a una regulación de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés). El objetivo era establecer criterios para su aplicación y ofrecer a los tribunales una alternativa para administrar el volumen de expedientes pendientes.

Por qué Texas cuestionó la norma que afecta a las deportaciones

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda el 22 de junio del año en curso contra el gobierno federal al sostener que la regulación permitía mantener indefinidamente abiertos determinados casos de personas sin estatus migratorio regular. El estado consideró que esa posibilidad equivalía a conceder una forma de amnistía sin una resolución definitiva.

Con la llegada de Trump al gobierno, el DOJ dejó de defender la disposición aprobada durante la administración Biden. En conjunto con Texas, solicitó que la norma fuera declarada ilegal y anulada en todo el país norteamericano.

El juez federal Reed O’Connor aceptó el acuerdo y emitió una orden que bloqueó la regulación. Las ciudades y organizaciones que se opusieron a esa resolución cuestionaron el procedimiento por considerar que la decisión se adoptó con rapidez y sin una revisión suficiente al eludir las instancias administrativas habituales.

Deportaciones: cómo puede afectar el fallo sobre el cierre a los inmigrantes

La principal consecuencia es que los procesos de deportación ya no pueden quedar suspendidos mediante este mecanismo en los términos de la norma anulada. Por eso, algunas personas con solicitudes de regularización pendientes podrían enfrentar la continuidad de sus expedientes antes de obtener una respuesta sobre su situación legal.

Entre los afectados potenciales se encuentran inmigrantes que tramitan la residencia por vínculos familiares o que esperan decisiones sobre visados. También podrían verse perjudicadas personas que buscan protección después de sufrir delitos o que necesitan tiempo para completar procedimientos migratorios.

Las organizaciones demandantes advirtieron, además, que la medida podría reducir la disposición de algunos inmigrantes a denunciar delitos o colaborar como testigos por temor a ser deportados. También señalaron que el avance de los expedientes podría aumentar la presión sobre los tribunales y generar consecuencias para las comunidades locales.

“Este peligroso abuso del proceso judicial amenaza el estado de derecho y sienta un precedente preocupante para desmantelar políticas federales sin una participación pública significativa ni un escrutinio judicial”, dijeron las ciudades demandantes en un comunicado conjunto, según lo retomado por Reuters.

Las cifras oficiales sobre los expedientes migratorios inactivos

Los datos gubernamentales muestran un incremento de los expedientes bajo cierre administrativo durante los últimos años:

En 2021 se contabilizaron 266.198 casos inactivosEn 2022, 291.340En 2023, 319.182En 2024, 348.556Para el tercer trimestre de 2025, la cifra llegó a 361.614

Desde la implementación de este mecanismo, más de 360.000 inmigrantes habrían quedado comprendidos en esta modalidad. Los registros también reflejan períodos prolongados de inactividad: el promedio general informado es de 6120 días, equivalente a unos 16 años y medio.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/migraciones/noticias-de-la-corte-suprema-miles-de-casos-de-deportacion-podrian-no-cerrarse-si-trump-firma-una-nid28102026/