Polémica y denuncia de robo de planos: el Gobierno blindó la iniciativa de “Havanna” para Retiro, pero todavía no llamó a licitación
La despiadada historia contractual del Estado con sus concesionarios sumó otro capítulo negro. Esta vez, entre el Poder Ejecutivo y Terminales Terrestres Argentinas (TTA), la empresa que durante ...
La despiadada historia contractual del Estado con sus concesionarios sumó otro capítulo negro. Esta vez, entre el Poder Ejecutivo y Terminales Terrestres Argentinas (TTA), la empresa que durante más de tres décadas manejó la terminal de ómnibus de Retiro acumuló un nuevo hito en su desvergonzada historia.
Formalmente, el Gobierno cerró la última puerta administrativa que le quedaba al concesionario al rechazar el reclamo de la compañía contra el decreto que en abril declaró de interés público la iniciativa privada de Inverlat, la dueña de Havanna, entre otras firmas, y sus socios para renovar y explotar la terminal. Además, negó la suspensión que pedía TTA y dejó asentado que la vía administrativa quedó agotada. Ahora sí, el próximo round, si es que lo hay, será en los tribunales.
Pero esa es la cuestión administrativa. En el medio, la historia del desastre. En septiembre de 1993, TTA, la firma del fallecido Néstor Otero, firmó el contrato de concesión por 12 años con la posibilidad de prórroga. En 2006, el kirchnerismo extendió el contrato por 10 años más. Ese acuerdo venció en septiembre de 2015 y desde entonces se convive con prórrogas y permisos de explotación precarios.
Semejante despropósito generó una de las desinversiones más importantes de la infraestructura del transporte metropolitano. Y más allá de los desmanejos históricos de Otero, condenado en un juicio abreviado a realizar una probation por pagar dádivas —incluido el alquiler de un departamento— al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien confesó haber recibido los beneficios y procesado en Cuadernos, lo real es que no hay empresario que invierta en un emprendimiento sin seguridad jurídica. Y eso, entre otras cosas, es lo que pasa en Retiro, un edificio que se construyó en 1983 y que actualmente tiene menos servicios que entonces. En el medio, los pasajeros.
Pero, de regreso a lo que pasó en estas horas, la impugnación de TTA no es técnica, tal como había hecho en las licitaciones fallidas de 2017 y 2019, sino que habló de violación de la propiedad intelectual con base en la ley de derechos de autor y el Convenio de Berna como respaldo. También se quejó de que nadie la citó durante el trámite, pese a haber impulsado su propia iniciativa sobre la terminal. Hasta habló de un “accionar doloso” de los promotores.
La respuesta oficial, un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue seca y contundente. Según la norma, el régimen de iniciativas privadas no exige originalidad, y si hay una pelea por la autoría de los planos, la tienen que resolver los privados entre ellos. Sobre la falta de participación, el Gobierno recordó que la reglamentación no prevé que terceros intervengan en esa etapa y que la publicidad quedó cumplida con el registro de la iniciativa, el 17 de noviembre de 2025. A TTA le dejó una sola alternativa: presentarse como oferente cuando haya licitación.
Cerca del consorcio aclararon que la denuncia no tiene fundamento y que todos los proyectos sobre la terminal tienen en común los mismos servicios, como por caso, estacionamiento, hotel, centro de convenciones y shopping, además de la infraestructura propia del transporte.
En la licitación, en caso de que salga, el “iniciador” concurre con una ventaja en el proceso que lo convierte en favorito. Pero, más allá de los planos que se presentaron, no se trata de dibujar la misma oferta sino que cada oferente puede hacer su propuesta aunque debe mantener el concepto del anterior. Un ejemplo con el estacionamiento: si el iniciador dijo que iba a construir un hotel y 500 lugares para estacionar, pues los demás no pueden ofrecer menos que eso. La propuesta se convierte en la base.
Hay un detalle del texto que no pasa inadvertido. Al evaluar la experiencia del consorcio, el decreto se apoya en los antecedentes de Service Trade e Inversiones Peirod en terminales y desarrollos inmobiliarios. A Inverlat, la cara más conocida del grupo, la describe apenas como una firma dedicada a la gestión de inversiones. Las observaciones técnicas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que TTA denunció como ignoradas, quedaron para más adelante: según el Gobierno, se refieren al diseño y al cronograma de obras y deberán incorporarse en los pliegos.
Y ahí aparece la cuestión de fondo: esos pliegos todavía no existen. El decreto 273 fijaba 60 días para llamar a la licitación y ya pasaron casi siete meses. Mientras tanto, la terminal más importante del país funciona “bajo las condiciones de explotación actual”, con una concesión que nació en 1993 y que está vencida desde 2015.
La queja y la respuestaTerminales Terrestres Argentinas no se resignó a quedar afuera. El primer argumento fue el más filoso: según TTA, la iniciativa que presentaron Inverlat y sus socios reproduce la documentación técnica que ella misma había presentado en las licitaciones de 2017 y 2019, que terminaron en la nada. Para la compañía, el proyecto que el Gobierno declaró de interés público carece de originalidad y, peor, se apropia de una obra ajena.
El reclamo no se quedó en los planos. TTA cuestionó que los nuevos interesados tuvieran antecedentes técnicos suficientes para encarar la obra. Hubo más. La empresa acusó al Gobierno de desviar la finalidad de la norma con un objetivo que, según su planteo, buscaba aprovechar los antecedentes negativos atribuidos a quienes administraron la estación. Finalmente, pidió revocar el decreto por un supuesto accionar doloso de los promotores. Mientras tanto, reclamó que se suspendieran sus efectos.
La respuesta del Gobierno
La contestación oficial llegó con el decreto 1390/2026. Sobre la acusación de copia, el Ejecutivo sostuvo que ni la ley de concesiones de obra pública ni el reglamento de iniciativas privadas exigen originalidad. Si existe una disputa por la autoría del proyecto, es un asunto entre particulares y el Estado no tiene por qué pronunciarse.
La experiencia de los proponentes, según el decreto, fue evaluada por la Secretaría de Transporte y por la propia CNRT, que la consideraron suficiente. Pero el texto hace una distinción que no es menor: el aval técnico descansa en Service Trade e Inversiones Peirod. Además, el Gobierno aclaró que esa evaluación vale para la etapa de iniciativa privada y no anticipa ninguna adjudicación.
Las observaciones de la CNRT que TTA dio por ignoradas tampoco movieron la aguja. El Ejecutivo sostuvo que la declaración de interés público responde a una evaluación de conveniencia y que el proyecto no le cuesta un peso al Tesoro. Como el acto goza de presunción de legitimidad y los argumentos de la empresa no alcanzaron para derribarla, rechazó la suspensión y declaró agotada la vía administrativa. Si TTA quiere seguir la pelea, solo queda la vía judicial.
Mientras tanto, los pliegos no aparecen, la precariedad contractual aleja las inversiones y los pasajeros deambulan con pocos servicios en uno de los rincones más olvidados de la ciudad.