Allanan la sede de Osprera y buscan datos de la relación con la droguería Suizo Argentina
La Justicia ordenó esta mañana una serie de allanamientos en la sede de la obra Social del gremio de empleados rurales (Osprera) y en las oficinas de la Superintendencia de Salud (SSS) en el marc...
La Justicia ordenó esta mañana una serie de allanamientos en la sede de la obra Social del gremio de empleados rurales (Osprera) y en las oficinas de la Superintendencia de Salud (SSS) en el marco de la causa que investiga la intervención de esa obra social. Según saber LA NACION de fuentes con acceso al expediente, la Policía Federal llegó a la sede de Osprera, en Reconquista al 600, con la orden de secuestrar documentación vinculada a los contratos con la droguería Suizo Argentino, salpicada en otro expediente por los audios de Diego Spagnuolo.
Esa droguería es una de las principales proveedoras de la obra social de los empleados rurales. LA NACION reveló que en los primeros cinco meses de la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo, OSPRERA emitió órdenes de pago por más de $7700 millones a favor de la Suizo Argentina.
Pero todavía hay deudas millonarias pendientes. Una auditoría encargada por el interventor de la obra social, Marcelo Petroni, y enviada al titular de la Superintendencia de Salud (SSS), Gabriel Oriolo, el 27 de junio pasado, detalla que OSPRERA le debía a la Suizo Argentina más de $3000 millones cuando se concretó la intervención. El principal acreedor, en ese momento, era la Droguería Disval, según los registros a los que accedió este medio.
El expediente comenzó con una denuncia del secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre),José Voytenco, contra sus rivales en el gremio, a los que acusó de haber querido tomar ilegalmente el control. La investigación está a cargo del fiscal Guillermo Marijuán.
La semana pasada, el juez Sebastián Casanello ordenó un análisis de las llamadas entre todos los imputados por la intervención de la Osprera. Al mismo tiempo, le pidió a las compañías telefónicas que aporten las llamadas entrantes y salientes hechas entre el 15 de diciembre de 2024 y el 20 de febrero de este año. En ese informe, deberán detallar “las celdas y antenas” que se activaron en cada comunicación para conocer dónde estaban ubicados.
Hace dos semanas, el fiscal Marijuan había pedido la indagatoria del secretario de Trabajo Julio Cordero, del interventor en Osprera, del diputado nacional Pablo Ansaloni (rival de Voytenco en Uatre) y de otras tres personas. Casanello espera otras medidas de prueba para resolver.
Durante la investigación, el fiscal secuestró el teléfono del interventor de Osprera y detectó contactos con varios de los acusados. Según esa pericia, Petroni se comunicó con secretario de Trabajo siete veces entre el 24 de enero y el 10 de febrero pasado. También intercambiaron mensajes por WhatsApp que daban cuenta de una relación de confianza. “Hola crack, podes hablar (SIC)”, escribió Cordero el 29 de enero.
La pericia reveló además el vínculo estrecho entre Petroni y Eduardo “Lule” Menem, apuntado también por los audios de Diego Spagnuolo. “Nosotros somos Lule y Karina”, afirmó el interventor el 22 de enero en un mensaje enviado a un empleado de la Secretaría de Trabajo que declaró en la causa como testigo.
Unos días antes, Petroni se comunicó con otro contacto y volvió a mencionar a Martín Menem. “Me reuní con Julio Cordero el Secretario de Trabajo de la Nación y con Mario Lugones el Ministro de Salud” y “después con Martín Menem en Casa Rosada”.
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