La caída de la natalidad importa, pero no explica por sí sola la sostenibilidad del sistema previsional. El problema argentino también está en el empleo informal, los bajos salarios, la organización de los cuidados y la falta de crecimiento.

En los últimos días circuló una explicación apresurada sobre un problema complejo. Se sugirió que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo habría provocado la caída de la natalidad, que esa caída aceleraría el envejecimiento demográfico y que, como consecuencia, el sistema previsional argentino quedaría comprometido. La secuencia parece ordenada y ofrece una respuesta simple para una preocupación real. Sin embargo, mezcla procesos distintos, los ubica en una relación causal que no está demostrada y deja fuera dimensiones decisivas de la cuestión previsional. La demografía importa, desde luego, pero cuando se la usa sola para explicar fenómenos económicos e institucionales complejos, el análisis queda incompleto y las conclusiones pueden ser engañosas.

El primer problema de ese argumento es temporal. La Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo entró en vigencia el 24 de enero de 2021. La fuerte caída reciente de la fecundidad argentina comenzó bastante antes. El punto de inflexión se ubica alrededor de 2014, cuando la tasa global de fecundidad rondaba los 2,4 hijos por mujer. En 2021, cuando la ley comenzó a regir, ese valor ya se había reducido a aproximadamente 1,6. En 2024 llegó a cerca de 1,3. Dicho de manera directa, la mayor parte del descenso ya estaba en marcha varios años antes de la entrada en vigencia de la norma. Para sostener que la ley provocó la caída de la natalidad harían falta estudios causales específicos, capaces de aislar su efecto de otros cambios sociales, económicos, culturales y reproductivos. Esa evidencia, para la Argentina, no existe con la solidez que exigiría una afirmación tan categórica.

El segundo problema es conceptual. La natalidad y la fecundidad no cambian por una sola causa. Cambian por la expansión educativa de las mujeres, la participación laboral, la edad a la primera unión, el acceso a métodos anticonceptivos, las expectativas sobre el futuro, la estabilidad de los ingresos, el costo de la vivienda, la disponibilidad de servicios de cuidado y la manera en que se distribuyen las responsabilidades familiares. Los estudios que buscaron identificar efectos de las normas sobre interrupción voluntaria del embarazo encuentran impactos más claros sobre la fecundidad adolescente que sobre la descendencia final de las mujeres. Puede reducirse la maternidad temprana sin que necesariamente se reduzca, en la misma magnitud, el número total de hijas e hijos que una mujer tendrá a lo largo de su vida. En la Argentina, la fecundidad adolescente cayó de manera muy pronunciada entre 2014 y 2024, pero esa reducción no fue compensada por un aumento equivalente de nacimientos en edades posteriores. Allí aparece una pregunta más relevante que la asociación automática con la ley. La cuestión central es por qué las mujeres adultas están teniendo menos hijas e hijos que generaciones anteriores.

Esa pregunta desplaza el debate hacia un terreno más incómodo, pero también más productivo. La maternidad y la paternidad no ocurren en el vacío, sino dentro de una organización social determinada. Tener hijas e hijos supone tiempo, ingresos, organización cotidiana y redes de apoyo. En una sociedad donde criar implica altos costos económicos, jornadas laborales extensas, escasez de servicios de cuidado, viviendas caras, ingresos inestables y una distribución desigual del trabajo doméstico, la fecundidad tiende a reducirse. Esto no significa que las personas hayan dejado de valorar la familia. Significa que las condiciones para formar y sostener hogares con hijas e hijos se han vuelto más exigentes. La discusión pública debería preguntarse menos por la supuesta responsabilidad de una ley y más por las condiciones concretas que hacen posible, o dificultan, tener las hijas y los hijos que se desean tener.

El vínculo con el sistema previsional también requiere mayor precisión. Es cierto que una fecundidad baja modifica, en el largo plazo, la estructura por edades de la población. También es cierto que una sociedad envejecida enfrenta mayores desafíos para financiar jubilaciones, salud y cuidados. Pero el sistema previsional no depende solamente de cuántas personas nacen. Depende de cuántas trabajan, de cuántas consiguen empleos registrados, de cuántas aportan de manera continua, de la productividad de la economía, del nivel de salarios, de la estructura tributaria, de los procesos migratorios y de la capacidad del Estado para financiar derechos sociales. Reducir la discusión previsional al número futuro de nacimientos implica mirar una sola pieza de un engranaje mucho más amplio.

En América Latina, y la Argentina no es una excepción, una parte decisiva del problema previsional está en el mercado de trabajo. La informalidad laboral, la intermitencia contributiva y la expansión de ocupaciones sin protección social erosionan la base de aportantes mucho antes de que los efectos de la baja fecundidad se manifiesten plenamente. A esto se suma la expansión de formas de trabajo mediadas por plataformas, contratos débiles, y arreglos laborales que trasladan riesgos hacia las personas trabajadoras. Este proceso puede tener efectos previsionales mucho más rápidos que el cambio demográfico, porque afecta hoy la capacidad de aportar de quienes ya están en edad activa. Las moratorias y las jubilaciones no contributivas fueron, en parte, respuestas a trayectorias marcadas por informalidad, desempleo, trabajo doméstico no remunerado y discontinuidad contributiva. La diferencia actual es que la precarización se extiende también sobre sectores que deberían constituir la base regular de aportes.

La caída de la natalidad es un fenómeno global y debe tomarse en serio. Pero tomarla en serio exige evitar explicaciones fáciles. Países con interrupción voluntaria del embarazo legal desde hace décadas, con políticas familiares más desarrolladas y con sistemas de cuidado más amplios también enfrentan fecundidades bajas. La diferencia está en que esas sociedades discuten cómo distribuir mejor los cuidados, cómo reducir los costos de la crianza, cómo compatibilizar empleo y familia y cómo sostener sistemas previsionales en economías de mayor productividad.

La demografía importa, pero no alcanza. La sostenibilidad previsional no se resolverá culpando a las mujeres o las parejas por tener menos hijas e hijos ni atribuyendo a una ley reciente un proceso que empezó antes. Se resolverá con una economía capaz de generar empleos protegidos, con políticas de cuidado que distribuyan responsabilidades, con ingresos suficientes para sostener proyectos familiares y con un Estado que piense el envejecimiento como parte de una estrategia integral de desarrollo. El problema no está sólo en cuántas personas nacerán mañana, sino en qué condiciones de vida estamos construyendo hoy.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/cuando-la-demografia-no-alcanza-nid28052026/