La decisión de los socios del country Abril Club de Campo de impedir la mudanza de Rafael Di Zeo a su comunidad muestra que hay sectores de la sociedad civil que, ante la inacción, la lentitud o las vacilaciones de sectores político y judiciales, han comenzado a ejercer su propio filtro moral. No se trata de justicia por mano propia, sino de un límite colectivo a quienes, amparados en vacíos legales o vericuetos procesales, siguen mostrando impunemente los frutos de trayectorias marcadas por la violencia, la corrupción o ambas.

El jefe de la barra brava de Boca carga con un largo prontuario que incluye causas por asociación ilícita, coacción agravada, portación de armas, violencia organizada y presuntos vínculos con delitos aún bajo estudio. Más allá del resultado de cada expediente, la figura que proyecta excede lo legal: es el emblema de una cultura mafiosa enquistada en el fútbol.

La sofisticación de su casamiento o la multiplicación de sus negocios —marcas registradas, líneas de alfajores y proyectos audiovisuales— forman en buena parte el mismo fenómeno: la pretendida estetización y la comercialización de la impunidad.

Que un barrio cerrado, cuyas normas internas son legales y contractuales, decida negarle el ingreso, es un gesto simbólico de hartazgo. Como ocurrió con Lázaro Báez, cuya reclusión domiciliaria fue impedida por la resistencia de vecinos del country Ayres de Pilar, o como ha sucedido en otros casos similares, la sociedad reacciona donde parte de nuestra dirigencia calla, llega tarde o, peor aún, justifica procederes injustificables.

En todos estos hechos no se discute el derecho constitucional a la libre circulación o a la propiedad, sino la legitimidad de proteger un entramado comunitario de valores, de convivencia y de códigos éticos que todos los miembros deciden respetar.

No se trata de una persecución por prejuicio, sino de una reacción fundamentada en antecedentes concretos. No se le impide a alguien ejercer sus derechos, sino marcar una frontera —incluso simbólica— entre la vida privada y la apología del delito.

Hay una incomodidad creciente de buena parte de la sociedad con los que, pese a sus trayectorias oscuras, siguen luciendo lujos y un inexplicable poder económico. Cuando se expresa con racionalidad, con apego a normas y con espíritu democrático, esa incomodidad resulta saludable. En una sociedad donde las penas no se cumplen o se diluyen en beneficios procesales, la sanción social —el rechazo moral de los pares— cobra una dimensión resarcitoria.

La reacción de los vecinos de Abril Club de Campo no cambia el sistema judicial ni compensa a las víctimas de la violencia de las barras. Pero señala algo esencial: que aún existen ciudadanos dispuestos a poner un límite.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/editoriales/impunidad-ostentosa-rechazo-social-nid02082025/